Agencia estatal de administración tributaria (AEAT) y sus confidentes en la lucha contra el fraude.

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A principios de semana, tanto en televisión como en prensa escrita salió la noticia de la AEAT cuyos inspectores de Hacienda han elaborado una propuesta para que se permita a este colectivo a realizar inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes.

De primero, me asombra la inseguridad legal que se produciría para el obligado tributario, si no se regula un procedimiento para la obtención de información y actuaciones de incognito de estos inspectores, sin autorización ni identificación previa.

Estupor es lo segundo que me produce al conocer como están en esta administración pública y, seguidamente, pienso en la arbitrariedad de la contratación de estos confidentes. Otras como la policía y guardia civil ya tienen su legión de confidentes y no vendría nada mal “un algo más” de transparencia en esta sociedad tan oscura que vive de los fondos que pagamos todos nosotros.

Me interesa mucho la figura del confidente, porque va a realizar la ardua tarea de afloramiento y/o recuperación de cuotas defraudadas. Me vienen a la cabeza preguntas como… ¿Se contratará por medio de anuncio publico? ¿Estarán sujetos a contrato, cotizando a la seguridad social y su convenio recoge vacaciones, bajas, salarios, prestación de desempleo, etc? ¿Se realizará un registro “confidente”? ¿Cuáles serán los requisitos de admisión? ¿Si investigan a un familiar actuarán con toda la contundencia para la realización de la gestión encomendada? ¿O realmente actuarán en “B”? Curiosa propuesta de un colectivo que quiere y nos da lecciones de rigor…

Fuera de bromas, me desconcierta después del bochornoso asunto de los DDNNII reales que estemos con estas “cortinas de humo”. Y todo ello, porque la legislación es clara pero no se aplica. Casi termino antes diciendo en quien se aplica, por ello, la eficiencia de tanta comisión, tanto comité, tanto consejo, tanta administración, con sus directores, miembros, asesores, vocales, etc está en entredicho, máxime cuando sabemos que hay un gran número de empresas, personas, administraciones que no dejan de defraudar con el beneplácito de la AEAT.

Por favor, trabajen con independencia y transparencia, pueden y deben hacerlo, es su responsabilidad.

Insisto, es imprescindible el pago de impuestos justos por todos para vivir en sociedad.

Adiós, buenas tardes!!!

España funciona en “B”

 

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Siempre ha sido así. Tanto los expertos y sabios de antes que así  pensaron y pusieron en marcha esa contabilidad paralela, como los de ahora,  que lo siguen defiendo e ilustran a los profesionales a presentarlo como ese porcentaje de beneficio neto para toda empresa necesario para seguir adelante, egoístamente hablando,  y  que… “si te pillan, me llamas para solucionar este contratiempo pagando lo que te indiquen y te olvidas. Aún así te habrás ahorrado una buena cantidad, sin duda”.

Esta práctica  la descubrimos en  todos los ámbitos,  tanto privados como  públicos – que ya es una desfachatez –  e incluso nos encontramos con una utilización especial de vocabulario  para que aparentemente  resulten con amparo legal a la hora de realizar este tipo de praxis, totalmente reprochable, ética como judicialmente, aunque hay algunas sentencias que no lo consideran así.

Me produce estupor los conocidos como “expertos y sabios”, colocados a dedo por los gobiernos de turno,  que van “parchando” los cambios según se beneficien a unos u a otros, en lugar de solucionar de una vez por todas, con seriedad, responsabilidad y eficiencia esta gestión que supuestamente van en beneficio de la ciudadanía y en la que todos debemos colaborar.

Subir los impuestos es la medida errónea que aboca a este tipo de acciones que lejos de mejorar nuestra situación económica, la empeora cada vez más. No es que esté en contra de los impuestos, sino que es necesario que:

Todos paguen impuestos, no sólo unos cuantos.

Se persiga a todos los defraudadores, incluso a los grandes.

La agencia u  oficina encargada de esta gestión de control haga los cambios pertinentes y de raíz para asegurar su independencia en la realización de su trabajo, además de aportarnos toda la simplicidad y transparencia en la realización de nuestras obligaciones tributarias.

Se me acaba de romper un grifo, voy a llamar a un fontanero. Me preguntará…  ¿en B?

Adiós, buenas tardes!!!

Organización de Naciones Unidas. O N U

logo-OnuEn esta ocasión y casi por casualidad quiero hacer referencia a esta organización internacional. Hoy me siento “macro”, quiero ampliar mi vista al mundo y comprobar la otra realidad que  existe y que queda impasible.

Fue en 1945 cuando se constituyó y como organización internacional sigue siendo un referente ético para los gobiernos del mundo.. Pero no solamente se crea un refuerzo moral, sino que abre la posibilidad de llevar a cabo negociaciones y obtener acuerdos entre países que pueden aparecer en otros ámbitos como enfrentados.   El papel mediador de la ONU es especialmente relevante.

Esta organización elaboró el siguiente decálogo:

  1. Cooperación en la resolución de problemas internacionales.
  2. Respeto y defensa de los derechos humanos.
  3. Mediación en conflictos internacionales.
  4. Fomento de las relaciones de amistad entre los países.
  5. Armonización de posturas comunes.
  6. Mantenimiento de la paz internacional.
  7. Legitimación de la actuación internacional de los países miembros.
  8. Protección de las libertades de los ciudadanos.
  9. Asegurar la libre determinación de los pueblos.
  10. Convertirse en foro de debate político, económico y cultural

Y el desarrollo de estos principios se lleva a cabo por una estructura organizativa compuesta por los siguientes órganos:

  1. Asamblea general
  2. Consejo de seguridad
  3. Consejo económico y social
  4. Consejo de administración fiduciaria.
  5. Corte internacional de justicia
  6. Secretaría.

Con lo expuesto, dudo de la ética y moral en la aplicación de su decálogo  mencionado ante el altísimo número de conflictos que existen y por los beneficios que obtienen “algunos” de estas confrontaciones, vía tráfico internacional con plena inmunidad y con respecto al papel mediador de la organización,  o se produce con retraso o ni se produce.

Creo firmemente en un cambio necesario y significativo de esta institución, donde  exista la independencia y responsabilidad de sus actos, y  donde  la transparencia sea el aval de su existencia.

Adiós, buenas tardes!!!

Ley de servicios y colegios profesionales. 2013

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El pasado 2 de agosto se aprobó por consejo de ministros el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales. En lo que concierne al gremio jurídico, tras más de ocho meses de incertidumbre para los profesionales de la procura que incluso en su publicación  “procuradores” – revista clasificada como “ecos de sociedad” de dicha profesión – auguraba buenas nuevas, el ministro de economía y competitividad se ha “merendao” al ministro de justicia, éste último inmerso en otros menesteres y de no dejar títere con cabeza, ahora, con los cambios que van a producirse en el CGPJ y que conoceremos próximamente.

Todo ello como respuesta a la presión ejercida desde Bruxelas, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y OCDE para que se acometa la liberación de dichos servicios.

En cuanto a esta futura ley que tendrá que volver de nuevo al consejo de ministro y parlamento para su aprobación este otoño, propone, entre otros cambios, con relación al ámbito jurídico,  los siguientes:

–          Compatibilidad entre abogado y procurador, por lo que se podrá ejercer simultáneamente las dos profesiones, exceptuando cuando éste último ostente la condición de agente de la autoridad. Con ello, se modifica la ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a la abogacía y tanto el título de abogado como de procurador habilitarán para el ejercicio.

–          Reducción del número de colegios profesionales de 1.650 a 540 y,

–          Colegiación obligatoria incluso en el ámbito extrajudicial.

Las grandes reformas  que se van a producir con esta nueva ley, resultan imprescindibles en estos momentos de gran incertidumbre sobre el ritmo de recuperación económica, así como por  la profundidad de esta crisis en la que nos encontramos en España. Sin olvidar la incidencia que tendrá dichos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos, resultando ser  más productivos, competentes y eficientes.

Es momento de adaptación y trabajo. Yo estoy en ello.

Adiós, buenas tardes!

Agrupación de Interés Económico. AIE 1991

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Es un tipo de sociedad mercantil especial recogida en la ley 12/991 de 29 de abril, antes denominada “Unión Temporal de Empresas -UTE”.

En estos momentos de escasa actividad empresarial entre pequeños empresarios, emprendedores y autónomos, me sigue asombrando la desconsideración de la administración, en esta ocasión, con este tipo de sociedad hacia todos estos trabajadores que intentan día tras día seguir con su sueño, dedicación, especialización, etc.

Porque éstos, son los que mueven el tejido empresarial, los que contratan, los que luchan, los que pagan y por el contrario, tan denostados y tan abandonados de los que defienden al trabajador.

Este tipo de sociedad, la AIE, de entre las muchas que disponemos, presenta ciertas características que con el envoltorio de contribuir a un fin general, recibe unas ventajas, entre otras, fiscales, que resultan una continua provocación frente a otros modelos de empresas.

Empezamos con la adjudicación de un concurso público, que aún regulado en la LCAP (ley de contratos de las Administraciones Públicas), en algunas ocasiones su resultado es fruto de la arbitrariedad y laxitud.

En cuanto a su creación, tienen un fin específico, como muchas otras.

Sin ánimo de lucro para sí misma, pero no para sus socios.

La responsabilidad de los socios es subsidiaria de la de la AIE, quiere decir que la empresa principal responde solo una vez que se han agotado la persecución de la responsabilidad del contratista o subcontratista.

Y en cuestión de bolsillo, está exenta del Impuesto de Sociedades, del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado y sólo se exige una obligación contable donde cada socio lleva una contabilidad que refleje las actividades de éste con la AIE.

Con lo expuesto, mi pretensión sería una revisión totalmente objetiva que equiparara los derechos y deberes de las sociedades existentes, sin perjuicio de algunos como en la actualidad.

Adios, buenas tardes!

Leyes. ¿Son iguales para todos? No, pero su coste y deudas que generan si lo son.

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La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda  o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.

Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, en pocas palabras, las normas que rigen nuestra conducta social.

Generalidad, obligatoriedad, permanencia, abstracta e impersonal, se reputa conocida, rige hacia el futuro, son sus características.

La teoría es clara pero… ¿es realmente así? ¿para todos? Cuando el legislador dicta una ley que favorece a unos, deja de aplicarla a otros… ¿en qué lugar quedamos una mayoría de la sociedad que respetamos, acatamos y sufrimos  leyes que en vez de proporcionarnos soluciones, generan injusticias?

Esto responde a un claro incumplimiento de las competencias del legislador que junto con  el  apoyo del ejecutivo  hace que se apliquen dichas leyes.  Leyes, que desgraciadamente hoy por hoy, se incumple en todos los ámbitos (penales, administrativos, civiles, mercantiles, etc).

Resulta curioso que los mayores defraudadores en la aplicación de leyes son los mismos que las han elaborado y de ahí mi estupor ante muchas que ven la luz  y lejos de aportar valor, nos conducen a una ruina social, económica y jurídica entre otras. Pero ¿hay alguna sanción para estos creadores? ¿y para sus cómplices que las incumplen?

Leyes como la ley 30/1992 de 26 de noviembre que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo, la ley 30/2007 de 30 de octubre, que regula contratos de obras y de concesión de obras públicas de las administraciones públicas, la ley 33/2003 de 3 de noviembre que regula el patrimonio de las administraciones públicas y muchas otras más referidas a las comunidades autónomas, ayuntamientos, etc, muestran que el sistema no funciona. Y el resultado más que evidente es la deuda de los innumerables errores que se han cometido y se siguen cometiendo y que curiosamente es de todos.

Necesitamos un cambio, una reforma desde dentro, en la que se saque a la luz toda la verdad, desenmascarando a esta legión de incompetentes. Tarea ardua por  el  temor a represalias como la pérdida del trabajo en las que muchos se encuentran ahora, pero no imposible.

 

Adiós, buenas tardes!